Mujeres: en la primera línea de lucha y de riesgo del COVID-19

En condiciones regulares, diversos estudios han evidenciado la brecha de género existente entre hombres y mujeres en Panamá. Al respecto, el índice de desigualdad de género del país es de 0.58 y de 0.87 en las zonas indígenas (PNUD, 2015)¹,  lo que da un promedio de 0.73 y califica a Panamá como un país de alta desigualdad de género.

Resulta indispensable considerar que los brotes de enfermedades afectan a las mujeres y a los hombres de manera distinta y que las pandemias acrecentan las desigualdades de género (UNFPA, 2020) en cuanto a salud física y mental, pero además en términos sociales y económicos. Así, el hecho de que exista COVID-19 no deja de lado las distintas problemáticas que ya enfrentaban las mujeres, sino que por el contrario, la literatura previa lleva a establecer como hipótesis que, aunque los datos sanitarios emergentes desglosados por sexo para COVID-19 muestran igual número de casos en ambos sexos y mayor mortalidad en hombres que en mujeres, existen probabilidades de que en el contexto de una pandemia las mujeres se sitúen en condiciones de mayor vulnerabilidad que los hombres, si no se adoptan políticas con enfoque de género debido a las condiciones de desigualdad que subyacen (C. Wenham y OTRAS, 2020).

Estos son algunos de los factores que pueden aumentar el riesgo de mayor vulnerabilidad en las mujeres en el contexto del COVID-19, y algunas líneas generales sobre posibles medidas para cada caso.

• Incremento de la violencia de género, fundamentalmente de la violencia doméstica y la violencia sexual. El delito de violencia doméstica tiene varios años de ser el más cometido en Panamá. Según el Ministerio Público, en 2019 se recibieron 16,871 denuncias de violencia doméstica, de las cuales el 79% de las víctimas fueron mujeres(Ministerio Público, 2020).

Las cuarentenas dictadas por países como Panamá, como medida preventiva para la expansión del COVID19, lleva a que las personas que viven bajo un mismo techo pasen largos períodos de tiempo en casa, poniendo en mayor riesgo a las mujeres, a las niñas e incluso a personas adultas mayores que ya vivían situaciones de violencia doméstica, dado que las tensiones en condiciones de encierro aumentan, sobre todo cuando se convive en espacios pequeños, sin las condiciones económicas y de vivienda adecuadas y en algunos casos, compartiendo el mismo espacio con varias personas.

A su vez, las mujeres enfrentan mayores riesgos de otras formas de violencia de género, como la explotación y el abuso sexual, el cual en Panamá presenta datos estadísticos elevados. Por ejemplo, los impactos económicos del brote del ébola de 2013-2016 en África occidental colocaron a las mujeres, a las niñas y los niños en un mayor riesgo de explotación y violencia sexual (UNFPA, 2020).

¿Qué hacer?

Es imprescindible que en estos momentos existan campañas de prevención y atención de la violencia doméstica y el maltrato a menores, estableciendo directrices claras de qué hacer en estos casos y a dónde acudir, tanto para las víctimas como por personas vecinas.  Asimismo, es necesario que se comunique de forma expresa como excepciones al Decreto que establece la cuarentena total, las salidas de las víctimas de violencia y que se endurezcan las medidas de protección por el tiempo que dure la cuarentena.

• Sobrecarga del trabajo no remunerado. Conforme a la Encuesta CIEPS de Ciudadanía y Derechos, las mujeres se encargan del cuidado de hijos, hijas, personas enfermas y personas con discapacidad en un 70.6%(CIEPS, 2020). En tiempos de COVID-19 puede incrementarse la carga de trabajo de las mujeres, puesto que en el caso de quienes están laborando en teletrabajo, tendrían que realizar el trabajo remunerado y a la par realizar las actividades domésticas y de cuidado en casa, pudiendo tener afectaciones en su salud física y mental por la sobrecarga laboral.

Además, para las mujeres suele sumarse una carga adicional al tener que acompañar a sus hijas e hijos en los procesos educativos virtuales o por módulos, establecidos por las escuelas en este período de contingencia.

¿Qué hacer?

Las instituciones y empresas que cuentan con mujeres que teletrabajan, sobre todo aquellas que son madres solteras con hijas e hijos menores de 12 años, deben flexibilizar el horario y la exigencia laboral con el fin de colaborar en el alivio de la carga en medio de esta contingencia. Asimismo, los hombres que viven con sus parejas deben aprovechar esta situación para asumir su responsabilidad e implicarse en el trabajo no remunerado y de cuidados.

• El personal de salud está constituido mayoritariamente por mujeres. Los servicios sociales relacionados con la salud en Panamá son realizados en un 23.3% por hombres y en un 76.7% por mujeres (INEC, 2019). Este personal, además de las cuidadoras informales en los hogares, constituyen la primera línea de atención de pacientes con COVID-19, aumentando las posibilidades de contagio.

El hecho de que en esta contingencia sanitaria el personal de salud en general sea más demandado, también pone a las mujeres trabajadoras de la salud en condiciones difíciles con respecto a su seguridad y al cuidado de sus hijos e hijas.

¿Qué hacer?

Las acciones en el contexto del COVID19 deben garantizar el cuidado del personal de salud mediante la aplicación de medidas de salud ocupacional que les apoyen en el aspecto físico y mental ante la demanda de trabajo que manejan en estos tiempos. También deben ser tomadas en cuenta las necesidades propias de las mujeres, como la salud menstrual, dotándolas de insumos para garantizarla. Es igualmente necesario velar por su integridad física proporcionándoles un traslado seguro a sus hogares y a sus lugares de trabajo, a la vez que brindarles apoyo en el cuidado de sus hijas e hijos.

• La mayoría de las trabajadoras del hogar y del sector informal son mujeres. Las mujeres representan el 91% de esta población, y en el caso del sector informal constituyen una ligera mayoría de un 1 % (45.4 vs 44.5)  (INEC, 2019). Esta situación las sitúa en condiciones económicas preocupantes, pues como se ha señalado, las mujeres asumen el cuidado de sus hijos e hijas, personas enfermas y personas con discapacidad, de modo que sus ingresos no solo las benefician individualmente, sino también a sus familiares.

¿Qué hacer?

En tiempos de COVID-19, este grupo poblacional no podrá recibir remuneración para sostenerse a sí mismas y a sus familiares de forma regular, por lo que deben ser tomadas en cuenta en el programa “Panamá Solidario”.

• En cuanto a las pensiones alimenticias, las afectaciones económicas que produce la pandemia generan un riesgo en el derecho de alimentación de los hijos e hijas cuyos padres pierdan su trabajo o les sea suspendido.

¿Qué hacer?

El Estado debe establecer acciones de compensación a las madres que se encuentren en estas situaciones para que puedan satisfacer las necesidades alimenticias básicas de sus hijas e hijos.

• Riesgos de salud sexual y reproductiva. La respuesta de emergencia al brote del COVID-19 implica que los recursos para los servicios de salud sexual y reproductiva pueden desviarse con el propósito de hacer frente al brote(UNFPA, 2020). Esto significa que podrían escasear los insumos de planificación familiar, incrementarse la mortalidad materna y neonatal, el número de embarazos no deseados, los abortos en condiciones de riesgo y las infecciones de transmisión sexual. Del mismo modo, las mujeres embarazadas, al tener que acudir a los hospitales por controles y para la labor de parto, pueden estar en un riesgo mayor de contagio debido a las condiciones propias del estado de gravidez.

¿Qué hacer?

Debe garantizarse el acceso a los servicios de salud integral de las mujeres durante el tiempo que dure esta contingencia y proporcionar espacios especiales para madres embarazadas, donde puedan permanecer aisladas de los espacios de atención de personas que pudieran tener el virus.

Es importante que se consideren y se aborden las normas, roles y relaciones de género que influyen en la vulnerabilidad diferencial de mujeres y hombres ante estas contingencias. De esta forma es posible evitar que la respuesta a los brotes de enfermedades como el COVID-19 reproduzca las inequidades de género y de salud (C. Wenham y OTRAS, 2020). En este sentido se estima indispensable que el Estado incorpore la perspectiva de género en sus acciones, considerando las realidades propias de las mujeres.

¹El Índice de desigualdad de género (IDG) es una medida que se interpreta como la pérdida en desarrollo humano potencial causado por la desigualdad en los logros entre mujeres y hombres en tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral.
El IDG oscila entre 0 y 1. El cero refleja que hombres y mujeres se encuentran en igualdad de condiciones. Por su parte, el uno expresa que las mujeres tienen las peores condiciones posibles en todas las dimensiones.

Fuentes:

848. Wenham y OTRAS. (2020). COVID-19: the gendered impacts of the outbreak. The Lancet Vol 395, 846-848.

CIEPS. (2020). Encuesta Ciudadanía y Derechos. Panamá: Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales.

INAMU. (2019). VII Informe Nacional Clara González: «Situación de la Mujer en Panamá» 2014-2016. Panamá: Instituto Nacional de la Mujer.

INEC. (2019). Encuesta de Mercado Laboral. Panamá: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Ministerio Público. (23 de Marzo de 2020). www.ministeriopublico.gob.pa. Obtenido de https://ministeriopublico.gob.pa/estadisticas-judiciales/violencia-domestica/

PNUD. (2015). Atlas de Desarrollo Humano Local: Panamá 2015. Panamá: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

UNFPA. (2020). COVID-19: Un enfoque de género. Nueva York: UNFPA.